Por qué el Gobierno central no disuelve los ayuntamientos de ANV? ¿Por qué la ciudadanía cree que la Justicia no hace nada? ¿Hay algún pacto tácito con ANV? Estas son las preguntas que hoy por hoy nos hacemos todas las víctimas del terrorismo y ciudadanos y seguimos sin encontrar respuesta ni de los políticos gobernantes ni de la Justicia.

Hay que recordar que la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos tuvo su aplicación sobre Batasuna en el año 2003 e impidió que esta formación ilegal volviera a las instituciones. Incluso esta ley, en su artículo 10.6, permite la compatibilidad de la disolución de partidos ilegales con los procesos penales que se puedan abrir en otras instancias judiciales. De hecho, el juez Garzón, después de permitir que ANV se presentara a las elecciones municipales de 2007, enmendó su terrible error y decretó la suspensión de actividades de ANV y del Partido Comunista de las Tierras Vascas –PCTV– el 8 de febrero de 2008 en el marco del sumario 4/08. Sin embargo, el auto del juez solamente afecta a las actividades del partido político, pero no a las actividades de las personas individuales y titulares exclusivos de las actas de concejal del partido ilegal ANV.

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