FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 96

EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA 15 mistas han sabido reinventar sus méto- dos de propaganda y captación. Florencio Domínguez , director del Cen- tro Memorial de las Víctimas del Terroris- mo, recordó que el terrorismo yihadista constituye hoy el principal desafío terro- rista para España y destacó la importancia de preservar la memoria de todas las vícti- mas, incluidas aquellas que con frecuen- cia quedan relegadas en el relato público, como las asesinadas por el GRAPO. La subsecretaria del Ministerio del In- terior, Susana Crisóstomo , reforzó esa dimensión institucional señalando el cre- ciente impacto del Memorial de Vitoria y defendiendo que la lucha contra el te- rrorismo debe entenderse como una au- téntica política de Estado, sustentada en la cooperación entre administraciones, fuerzas de seguridad, sistema judicial, ámbito académico y sociedad civil. EL SAHEL, NUEVO EPICENTRO DE LA AMENAZA Sobre ese fundamento ético se construyó el análisis estratégico. Loreto Gutiérrez , directora del Departamento de Seguri- dad Nacional, situó la respuesta española dentro de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo aprobada en 2024, basada en cuatro pilares: prevenir, proteger, perse- guir y preparar. La responsable del DSN llamó la aten- ción sobre un cambio geográfico de enor- me relevancia: el desplazamiento del epicentro de la amenaza hacia el Sahel, región que concentra actualmente una parte sustancial de la actividad terroris- ta mundial. Las dinámicas de radicaliza- ción y expansión de grupos vinculados a Al Qaeda y Daesh en África tienen ya consecuencias directas para la seguridad europea. La investigadora Carola García-Calvo recordó, además, que España mantiene desde 2015 el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista y destacó una característica singular del modelo español: la incorpora- ción de las víctimas como referencia ética dentro de la propia estrategia de seguridad. SEGURIDAD Y GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS Uno de los debates más relevantes giró en torno al equilibrio entre prevención y protección de los derechos fundamenta- les. El presidente de la Audiencia Nacio- nal, JuanManuel Fernández , reivindicó la naturaleza especializada y ordinaria del tribunal, rechazando cualquier in- terpretación que lo presente como una jurisdicción excepcional. Fernández señaló que las sucesivas refor- mas del Código Penal han permitido ade- lantar la intervención frente a procesos de radicalización, tipificando conductas preparatorias vinculadas al terrorismo. Sin embargo, advirtió de la necesidad de mantener siempre una frontera nítida entre la prevención eficaz y la vulnera- ción de garantías. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso , aportó uno de los datos más preocupantes del encuentro: tras la pandemia, los casos de menores radicali- zados detectados anualmente han pasado de cifras cercanas a la decena a rondar el medio centenar. Se trata, explicó, de jóve- nes que suelen radicalizarse en soledad, a través de internet y alejados de los perfi- les tradicionales vinculados al terrorismo organizado. Aun así, destacó un dato esperanzador: los programas de reeducación aplicados a menores radicalizados han logrado hasta ahora tasas de reincidencia prácticamen- te nulas. LA TECNOLOGÍA CORRE MÁS RÁPIDO QUE LAS LEYES Desde la Policía Nacional y la Guardia Civil se puso de manifiesto la creciente dificultad de investigar fenómenos terro- ristas en un entorno plenamente digital. El comisario principal Manuel Rodrí- guez García Risco , secretario general de la Comisaría General de Información, alertó sobre el desfase entre la velocidad de la innovación tecnológica y la capaci- dad de adaptación de los marcos legales. Según explicó, los actuales plazos proce- sales resultan insuficientes para afrontar investigaciones que exigen complejos aná- ` Loreto Gutiérrez, directora del DSN ` Presidente y fiscal jefe de la Audiencia Nacional ` Representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado