El colectivo de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias, y junto a ellos, de forma específica, los seis funcionarios de prisiones a los que ETA arrebató la vida, han sido galardonadas con el Premio en Defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2019, anualmente convocado por la Fundación Víctimas del Terrorismo, con el patrocinio de la Fundación ICO; como un reconocimiento a la callada e imprescindible labor que durante décadas han desarrollado en pro de los valores de convivencia, pluralidad y libertad de los ciudadanos. “Y también por el coste que eso ha supuesto. Porque durante años, el mero hecho de cumplir fiel y lealmente con sus obligaciones, algo imprescindible en cualquier Estado de Derecho, los situó en el punto de mira de la banda terrorista ETA”, en palabras de Marimar Blanco.
Todos tuvieron que vivir con el miedo y la precaución. Todos supieron que eran un elemento dentro del engranaje diseñado por ETA para extorsionar al Estado, que a partir de 1989 los convirtió en objetivo específico.
Pero con este premio se ha ido más allá de un simple reconocimiento genérico, y por eso lo hemos singularizado, distinguiendo de forma específica a los seis funcionarios de prisiones a los que ETA arrebató la vida. Ellos son:
– Alfredo Jorge Suar Muro, facultativo del penal de El Puerto de Santa María, asesinado por ETA el 14 de octubre de 1983.
– Ángel Jesús Mota asesinado el 13 de marzo de 1990.
– Apenas tres años después, el 22 de enero de 1993, ETA asesinó a José Ramón Domínguez y el 11 de marzo de 1997 a Francisco Javier Gómez Elósegui.
– Los tres trabajaban en la prisión de Martutene.
– Antes, el 28 de junio de 1991, ETA había acabado con la vida de Manuel Pérez Ortega y de otras tres personas más en la cárcel de Sevilla.
– Y el 22 de octubre del año 2000, Máximo Casado fue asesinado también por ETA cuando se dirigía a su trabajo en el Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava).
