Prólogo.

Es un honor para mí prologar la edición anual del Cuaderno Balance del terrorismo en España 2021, que hace el número 12 de los editados por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este breve prólogo para destacar la excelente labor de investigación, estudio, divulgación, memoria y reconocimiento que lleva a cabo el Centro Memorial desde su creación en 2015. Esta extraordinaria labor se ha visto reforzada con su apertura al público el pasado 1 de junio, momento desde el cual los ciudadanos tenemos la posibilidad de visitar un centro, pionero en el ámbito internacional, dedicado a la memoria de todas aquellas víctimas que sufrieron en primera persona la violencia terrorista, y en cuya reparación, memoria y reconocimiento está comprometido nuestro Estado democrático de derecho como política de Estado que deslegitime el terrorismo y sea garantía de que esta violencia política nunca más se vuelva a repetir.

El año 2021 España sufrió de nuevo el azote del terrorismo, no en nuestro territorio, pero sí en dos compatriotas a los que recordamos con enorme pesar pero con un inmenso cariño y admiración, Roberto Fraile y David Beriain, los dos periodistas españoles asesinados en Burkina Faso, junto al irlandés Rory Young, cuando realizaban su trabajo en la región. Con la muerte de Roberto y David ya son tres los ciudadanos españoles asesinados en Burkina Faso, ya que el 15 de febrero de 2019, en similares circunstancias, fue asesinado el salesiano Antonio César Fernández.

Lamentablemente, a esta dolorosa pérdida hemos de sumar las 10 víctimas mortales en suelo europeo que hemos sufrido en 2021, la mitad de ellas en el atentado de Kongsberg, en Noruega.

Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan plenamente comprometidas en su lucha contra esta lacra. Desde el 11 de marzo de 2004 hasta el cierre del año pasado, ya son más de 900 las personas detenidas por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista, de las que 39 han sido detenidas este pasado 2021, siendo Cataluña, seguida de Andalucía, la comunidad donde más detenciones se han producido.

A estas detenciones hay que sumar la de otras seis personas, en esta ocasión por delitos relacionados con la financiación del terrorismo.

La amenaza terrorista en España continúa siendo una realidad, al igual que en los países de nuestro entorno. Del total de arrestados durante 2021, un 35% realizaba actividades de captación, y un 25% se declaraba dispuesto a cometer atentados. Cabe destacar en este sentido la “operación Arbac”, llevada a cabo por la Policía Nacional, en la que fueron detenidas ocho personas, entre ellas un retornado de Siria, evidenciando así el riesgo que supone el posible regreso a suelo europeo de antiguos terroristas que han operado en zonas de conflicto.

Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también ponen todo su empeño en la búsqueda de la verdad y la justicia para los crímenes de ETA. Durante el pasado año, y fruto del compromiso del Estado con la dignidad, la memoria, la justicia y la verdad para las víctimas del terrorismo, continuaron las investigaciones en torno a los asesinatos no resueltos. Gracias a ese trabajo, ha sido posible la reapertura de varias causas y la imputación dirigida contra varios miembros de la banda terrorista sospechosos de estar implicados en los crímenes investigados.

Más allá de nuestras fronteras, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están llevando a cabo una encomiable y exitosa labor de formación y lucha contra el terrorismo, pero no exenta de riesgos. Solo en 2021 los efectivos militares desplegados en misiones en el exterior han sido víctimas de al menos 11 atentados, si bien afortunadamente no tenemos que lamentar ninguna víctima mortal.

La labor en el exterior resulta fundamental para la seguridad de nuestros vecinos y la nuestra propia. El Sahel continúa siendo el escenario de una intensa actividad yihadista que se ha cobrado un elevado número de víctimas entre los ejércitos y cuerpos policiales locales. En esta región destaca el proyecto de la Unión Europea liderado por la Guardia Civil, en el que hasta finales de 2021 se ha formado a más de 1.700 gendarmes para afrontar la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada.

Asimismo, cabe destacar la actuación de la Justicia española durante este pasado año, muy particularmente con la sentencia —todavía no es firme— del juicio contra Driss Oukabir, Mohamed Houli y Said Ben Iazza, relacionados con la célula de Ripoll protagonista de los atentados de Barcelona y Cambrils, así como de la explosión registrada en la casa del municipio de Alcanar donde estaban fabricando sustancias para la preparación de bombas.

Por otra parte, quiero poner en valor el trabajo que el Ministerio del Interior ha realizado durante 2021 para actualizar el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista. Así, este plan incorpora las directrices de la Estrategia contra el Terrorismo de la UE actualizada, de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2019 y de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2021 en relación con el fenómeno de la radicalización de tipo yihadista. Las principales novedades del nuevo plan se encuentran en el ámbito de la respuesta tras un atentado terrorista, de modo que se establecen los mecanismos y los cauces de coordinación necesarios para minimizar sus consecuencias, restablecer la normalidad y, de manera específica, la participación del personal de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, incardinada en la Subsecretaría del Interior, en cuanto a la asistencia psicosocial, el apoyo emocional y la información y asesoramiento a las víctimas y sus familiares, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Además, en el ámbito del Comité Especializado contra el Terrorismo, que preside el Secretario de Estado de Seguridad, desde 2021 se está elaborando el Protocolo Interinstitucional de Respuesta ante Atentados Terroristas, cuyo objeto es armonizar las estructuras organizativas y sus sistemas de coordinación e interrelaciones que tienen como misión dar respuesta, con todas las capacidades del Estado, a una acción terrorista contra los ciudadanos y los intereses españoles. Este protocolo debe ser un instrumento que sirva para identificar, de un modo ágil y preciso, los distintos órganos, organismos y actores, incluidas sus funciones y capacidades, que intervienen y responden de una manera articulada, coordinada y estructurada ante un atentado terrorista.

Para finalizar, me gustaría agradecer al Centro Memorial el trabajo de elaboración de estos Cuadernos. Hace ya seis años que comenzó este proyecto, gracias al que podemos tener una perspectiva de la evolución del fenómeno terrorista a lo largo del tiempo. Gracias al trabajo conjunto de todos, tengo la firme convicción de que estamos afrontando eficazmente la amenaza terrorista.

Fernando Grande-Marlaska
Ministro del Interior

Autor: Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
Fecha: 2021.