Desde 2004 el territorio español no había sido escenario de un atentado del terrorismo de inspiración yihadista, a diferencia de lo que había ocurrido en otros países de nuestro entorno cercano. En ese tiempo, sin embargo, ciudadanos españoles habían
sido víctimas de ataques perpetrados más allá de nuestras fronteras. Esa situación, por desgracia, cambió el pasado año con los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), llevados a cabo por una célula terrorista gestada en la localidad gerundense
de Ripoll. Hubo 16 víctimas mortales, a las que hay que sumar otro ciudadano español asesinado en un atentado registrado en Londres y, seguramente, una española muerta en Afganistán.
Los expertos señalan que la amenaza de este nuevo terrorismo de ámbito internacional se va a mantener durante mucho tiempo, con independencia de lo que ocurra con un grupo como el Daesh que ha sido el foco principal de riesgo en los últimos cuatro años. Por eso, las instituciones públicas están obligadas a seguir perfeccionando los instrumentos de que disponen para hacer frente a esta amenaza, al igual que en su momento se hizo frente a los desafíos de ETA. Hay herramientas legales que se han mejorado en los últimos años y que habrá que perfeccionar todavía más a la vista de la experiencia acumulada. Hay también instrumentos de actuación social en los que habrá que poner el acento para conseguir más eficacia en la prevención de los procesos de radicalización que llevan a algunas personas a adoptar el camino de la violencia. Este es un campo en el que están trabajando todos los países de la Unión Europea que acumulan ya diferentes experiencias que pueden servir de inspiración para poner en marcha líneas de actuación sobre todo en el ámbito local.
Fecha: 2018.
