Han pasado seis años desde que ETA anunció el abandono del terrorismo. Fue el 20 de octubre de 2011. La banda comunicó en esa fecha que ponía fin al uso de las armas, aunque hasta el momento se ha resistido a disolverse y a poner fin a una historia que empezó en 1958. ETA y lo que ha sido su entorno político pretenden presentar ese paso como resultado de una decisión voluntaria con la que abrían una nueva etapa para conseguir sus objetivos políticos, ahora sin emplear la violencia. Quieren disimular que fue una decisión forzosa, que fue la aceptación resignada de la derrota provocada por el Estado democrático mediante el empleo de las fuerzas de seguridad y la justicia con la colaboración de las autoridades de Francia.
Cuando ETA anunció que abandonaba el terrorismo lo único que hacía era reconocer su impotencia para sostener su enfrentamiento contra el Estado, una impotencia que arrastraba desde una década antes, desde finales de 2001. A la banda terrorista le costó diez años asumir que había perdido su pulso con las instituciones democráticas, pese a que en ese tiempo en el seno de ETA algunas voces habían advertido de esa incapacidad y de su declive. Los sucesivos jefes de ETA, sin embargo, fueron dilatando el final confiando en que podrían remontar las dificultades y volver a ser la amenaza que habían sido en épocas anteriores. El declive no se detuvo a lo largo del periodo que transcurre entre 2001 y 2011 y ETA se vio obligada reconocer lo evidente: su incapacidad para mantener una actividad terrorista mínimamente eficaz. En esas condiciones anunció el fin del empleo de la violencia y volcó todo su esfuerzo en disimular su derrota.
La actuación del Estado forzó a ETA a renunciar al terrorismo, pero, aunque no sea objeto de este trabajo, hay que mencionar la resistencia ejemplar desarrollada por los cargos públicos amenazados, por los grupos cívicos que se enfrentaron al terrorismo, por los intelectuales comprometidos en este combate ideológico, por todas aquellas personas que soportaron, en particular desde mitad de los años noventa, las pretensiones etarras de acallar las voces disidentes en el País Vasco. Aquellos militantes de partidos constitucionalistas que dieron el paso para ocupar los puestos dejados por compañeros asesinados, aquellos otros que hicieron frente a las amenazas y peligros para mantener en circunstancias adversas la representación popular que habían obtenido en los ayuntamientos o en otras instituciones, los que sacrificaron su bienestar personal y el de sus familias por defender sus ideas frente a los violentos, dieron un ejemplo político y moral que no debe ser olvidado. Conviene recordarlo porque no siempre se ha reconocido su sacrificio o, al menos, no se ha reconocido como merecen tantos comportamientos ejemplares.
Hay que mencionar también a las víctimas del terrorismo, a las registradas en este último periodo de la historia de ETA y a las anteriores porque todas ellas confiaron en el Estado de Derecho y porque su sufrimiento contribuyó y sigue contribuyendo a la deslegitimación de la violencia etarra. Desde el dolor, las víctimas y sus allegados siguen prestando un inestimable servicio a la sociedad y aportando un valor ético fundamental sin el que es imposible la convivencia. Su presencia pública sigue siendo necesaria en un escenario sin ETA para mantener la memoria viva del pasado y para contribuir a afianzar una nueva sociedad en la que el terrorismo quede deslegitimado ante las nuevas generaciones gracias al testimonio permanente de los afectados directamente por la violencia y de sus allegados.
La victoria policial sobre el terrorismo es, por otra parte, el resultado del trabajo continuado de los sucesivos gobiernos que hicieron frente a una banda terrorista que prolongó su actividad durante décadas. Tres iniciativas políticas adoptadas entre 2000 y 2003 tuvieron un papel clave en la posterior derrota de ETA: el Pacto Antiterrorista negociado entre los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, la Ley de Partidos y la ilegalización de HB como consecuencia de la aplicación de esa ley.
Hay que mencionar también que la cooperación policial y judicial de Francia fue un factor decisivo en la derrota de ETA. Sin la ayuda de las instituciones francesas no habría sido posible acabar con la banda terrorista de la forma en que se ha hecho.
Fecha: 2017.
